Después de un largo y controvertido debate, el Parlamento Europeo aprobó a finales del pasado mes la revisión de la legislación sobre derechos de autor. Se trata del mayor cambio en la regulación comunitaria de Internet desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en 2016. Las modificaciones en la normativa sobre copyright han provocado un fuerte debate por sus dos cláusulas más controvertidas –los artículos 11 y 13-, campo de batalla entre lobbies empresariales, activistas online y medios de comunicación.
Ahora los estados miembros dispondrán de dos años para aplicar la nueva normativa, contando desde la fecha en que se apruebe de forma oficial en el Consejo, que será en mayo o junio. Si bien la legislación permite seguir subiendo contenido a las plataformas, las empresas tecnológicas, entre ellas Google, advierten que tendrán que suprimir un número mucho mayor de contenidos de forma automática para cumplir con las nuevas directivas.
Compañías como YouTube y Facebook ya estaban eliminando música y vídeos con derechos de autor, escaneando las subidas y comparándolas de forma automática con una base de datos de archivos enviados por los propietarios de los derechos de autor. Así se da a los creadores la opción de bloquear la reproducción sin premiso, pedir una compensación o simplemente hacer un seguimiento de su trabajo. No obstante, bajo la nueva legislación, las compañías de tecnología tendrán que afrontar una mayor responsabilidad en caso de reproducir contenido registrado, especialmente si cuentan con análisis automatizados.
Críticas
Las empresas afectadas por estos cambios denuncian que las reformas no son realistas y que los sistemas existentes ya remuneran a los artistas de manera justa. YouTube, en particular, ha amenazado afirmando que los usuarios de la UE que podrían quedar totalmente bloqueados de muchos vídeos. Por otro lado, muchos activistas por la libertad de expresión argumentan que la directiva será perjudicial porque la única forma de garantizar su cumplimiento es bloquear cualquier contenido en el que haga referencia a material protegido por derechos de autor. Otros temen que la ley pueda, indirectamente, ayudar al big tech, ya que sólo las empresas más grandes tendrían los recursos para cumplir con las regulaciones.
En ese sentido, uno de los argumentos más repetidos en contra de la directiva es que podría servir como una prohibición de meme, dadas las fuertes reglas en contra de subir material con derechos de autor sin permiso, y el hecho de que mucho del contenido que se puede compartir se apoya en imágenes de televisión y películas. Sin embargo, los legisladores han realizado algunos ajustes en el texto este año que tienen por objeto proteger específicamente el uso de dichos contenidos “con fines de cita, crítica, revisión, caricatura, parodia y mezclas”.
A pesar de ello las compañías de tecnología dicen que la protección es imposible de mantener, ya que ningún filtro automático puede determinar si una carga dada es una parodia o simplemente una infracción, y haría falta un ejército de moderadores para hacerlo de forma manual.
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Mientras que el artículo 13 dificulta a las empresas tecnológicas la publicación de contenidos generados por los usuarios, el artículo 11 trata de la difusión de artículos de prensa. Los editores sostienen que cada vez es más difícil para los medios de comunicación seguir financiando el periodismo de calidad, al tiempo que las empresas tecnológicas se benefician del intercambio de contenidos por los que no pagan nada.
Así, la nueva directiva introduce un nuevo requisito sobre los ‘proveedores de servicios del sector de la información’, al tiempo que garantiza el derecho a compartir artículos de noticias. Google News y Facebook podrán seguir mostrando ‘fragmentos’ de artículos de noticias, y enciclopedias no comerciales como Wikipedia también han quedado exentas.