La preocupación de padres y expertos por la cantidad de horas que los ciudadanos pasan frente a las pantallas está conduciendo a autoridades de todo el mundo a explorar medidas para proteger al público, especialmente a los menores de edad. En este sentido el Gobierno español está trabajando en la introducción de una advertencia sanitaria visible en los smartphones, similar a las que existen para el alcohol, la comida basura o el tabaco.

Recomendaciones para proteger a los menores en el entorno digital

Esta medida figuraba entre las recomendaciones de un informe. Realizado por un equipo de expertos independientes, que presentó en diciembre 107 ideas para proteger a los menores del entorno digital. El documento sirvió de guía para completar el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y próximamente se discutirá en el Parlamento.

El informe se hace eco de estadísticas recientes que apuntan que hoy en día una persona pasará en torno a 12 años de su vida delante de las diferentes pantallas. Los impactos potenciales de los smartphones en la salud física y mental son cada vez más reales, sus consecuencias cada vez más presentes en muchos ámbitos. Al igual que otros países europeos, España está estudiando métodos para que se limite la exposición de los niños a la tecnología, incluidas las redes sociales, el juego y la pornografía. 

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Uno de los objetivos es que los menores tengan un acceso limitado a los dispositivos digitales hasta los 13 años. De hecho, entre las recomendaciones del informe, se incluye el fomento de medidas para evitar la exposición de los menores de tres años a dispositivos digitales y desaconseja su uso hasta los seis. Para los jóvenes de entre 12 y 16 años se recomienda priorizar el uso de teléfonos analógicos (sin acceso a internet y limitado a las llamadas). Al mismo tiempo se apuesta por planes de formación para las familias, para educar sobre la navegación segura, los límites de acceso y tiempo de exposición, así como para asegurar la supervisión adecuada a cada franja de edad.

Medidas que exigirá el Ministerio

De acuerdo con la ley preparada por el ministerio de Juventud e Infancia, las empresas del sector tecnológico también deberían cumplir con ciertas recomendaciones, como la inclusión de un etiquetado sobre los riesgos que conlleva para el desarrollo de la infancia y adolescencia el uso de dispositivos digitales y aplicaciones y el acceso a contenidos inapropiados.

El ministerio específica que esas advertencias deberán estar redactadas en un lenguaje claro y accesible y aparecer en las pantallas al abrir una determinada aplicación o plataforma online, explicando los riesgos para la salud y el tiempo máximo de uso recomendado.

También recomienda que los fabricantes, proveedores de software y productores de servicios digitales (plataformas, redes sociales, mensajería) tengan ya instalada “por defecto” la configuración de espacios seguros digitales con las medidas protectoras para menores de edad, lo que se denomina como control parental.

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Menos tiempo de pantalla en las aulas

Por otro lado, los expertos recomiendan que los educadores no usen juegos relacionados con sistemas de gratificación inmediata. En este sentido, la Comunidad de Madrid será la primera región de España que elimine de sus colegios el uso individual de dispositivos digitales en alumnos de Educación Infantil y Primaria a partir del próximo curso. El Gobierno regional anunció en marzo que está ultimando un nuevo decreto para regular y limitar su utilización en los 2.000 centros educativos públicos que cuentan con más de medio millón de estudiantes. Los profesores tampoco podrán mandar deberes virtuales.

Según ha explicado el Ejecutivo madrileño la nueva normativa garantizará la adquisición de las competencias digitales recogidas en los currículos educativos de las diferentes etapas, pero a la vez se establecerán las limitaciones necesarias para “reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado” de las tecnologías de la información. Otras comunidades han indicado que estudian implantar medidas similares.

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