El pasado mes de julio la compañía de análisis de dispositivos móviles Mobilewalla hizo público un informe con datos demográficos recogidos durante las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos. En el documento se detalla la raza, la edad y el sexo de las personas que participaron en las manifestaciones de Atlanta, Los Ángeles, Minneapolis o Nueva York, gracias a información recogida de sus smartphones. La noticia ha generado un debate en torno a la privacidad de los manifestantes; uno de los aspectos más controvertidos es que las personas que participaron en las protestas ignoraban que sus proveedores de Internet usan los datos de localización de sus dispositivos.

Según ha informado el portal de noticias BuzzFeed News, Mobilewalla compró esos datos a otras empresas (anunciantes, operadores y proveedores de servicios de Internet). La consultora pudo así monitorizar información de más de 16.000 dispositivos. Después, utilizaron programas de Inteligencia Artificial para predecir información demográfica de un usuario (raza, edad, sexo, código postal, etc.) basándose en datos de localización, identificaciones de dispositivos e historiales de navegación. Mobilewalla analiza y luego vende esa información a sus clientes, para que estos puedan “entender mejor a su público objetivo”.

El episodio es indicativo de la actividad de los llamados brokers de datos (compañías que recogen y analizan información de los usuarios), que tienen acceso a cantidades masivas de información sobre individuos que desconocen esta situación. Los trackers (rastreadores ocultos) de las aplicaciones son el origen de grandes cantidades de datos específicos sobre los usuarios. Expertos en privacidad señalan además que existe la posibilidad de que esos datos puedan ser después utilizados por agencias gubernamentales o que se filtren, como ya ha ocurrido en pasadas brechas de seguridad. Algunos temen que, ante esta situación, muchos ciudadanos preocupados por el robo de sus datos puedan evitar las protestas, lo que significaría que las prácticas de recogida de datos estarían afectando a la libertad de expresión.

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Regulación

Ante la polémica generada, la directora general de Mobilewalla, Anindya Datta, explicó en un comunicado que la empresa ha hecho públicos “esos datos por un sentido de responsabilidad social, para proporcionar una visión de la demografía de estos manifestantes a la luz de lo que se estaba convirtiendo en un movimiento nacional e incluso internacional”. Datta afirma que los datos son anónimos y agregados, y que no incluyen información personal identificable a nivel individual (nombres, números de teléfono, correos electrónicos, etc). “No sabemos quiénes son los manifestantes, sólo podemos obtener sus datos demográficos”, afirmó. La DG de Mobilewalla añadió que la información no se comparte con las agencias de inmigración ni con la policía.

EEUU no cuenta con un organismo regulador como ocurre con las Agencias de Protección de Datos que existen en los países de la Unión Europea. Tampoco hay leyes federales que impidan el abuso de este tipo de información. Un reciente artículo del Wall Street Journal revelaba que ciertas firmas de datos de localización están vendiendo la información no sólo a empresas, sino también a las fuerzas del orden, que las utilizan para rastrear a inmigrantes. De momento, la senadora Elisabeth Warren ha impulsado una investigación sobre los contratos gubernamentales con operadores de datos locales.